Que un grupo de hombres se convierta en el lobby más poderoso en contra de que se permita la interrupción del embarazo cuando la madre corre peligro de muerte, cuando una mujer es violada o una niña sufre un incesto, es nauseante.
El momento se tornó políticamente propicio para concretizar esa maldad. Muchos legisladores son reos de sus propios delitos, aún sin orden de captura ni sentencia condenatoria. La corrupción los embriagó y ahora padecen de miedo, y caen en más despropósitos para salir airosos del tollo.
Las iglesias, encabezadas por la jerarquía católica (con mayor poder simbólico que la evangélica), aprovechan la tempestad política para lograr su cometido: que los legisladores aprueben un Código Penal que castigue todo tipo de aborto. Ha sido su meta, su sueño, su delirio.
La obsesión de las religiones con la sexualidad de las mujeres es ancestral, es patológica. Quedan pocos países en el mundo donde se penaliza todo tipo de aborto. Aprobar un nuevo Código Penal en el 2017 que prohíba todo tipo de aborto es privar a las mujeres dominicanas del derecho a la salud física y mental por muchos, muchos años.
Según las leyendas históricas, el profeta Mohamed, fundador y líder del islam, tuvo más de 15 esposas de todas las edades, y a todas las mandó a cubrirse de pie a cabeza como símbolo de pureza. Rey entre las subyugadas. Crecí en una familia profundamente católica y sé del bien que hacen muchos religiosos, pero desde que alcancé la adultez, nunca he podido aceptar la obsesión de las religiones con subordinar las mujeres, limitar sus derechos, tenerlas de segundonas. Así sucede en las tres religiones monoteístas que dominan el mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam.
¿En qué cabeza humana cabe obligar (léase bien, obligar) a una joven que ha sido violada a tener esa criatura?
¿En qué cabeza humana cabe que si una joven violada interrumpe el embarazo la envíen a la cárcel?
¿No basta con el sufrimiento de una violación?
¿Cómo justificar teológicamente que Dios estuvo presente en una violación, y, por tanto, la criatura es obra de Dios?
Enviar el violador a la cárcel no es suficiente. La mujer debe tener derecho a terminar legalmente ese embarazo si así lo decide. Es lo justo, es lo humano.
No sé cuál es el Dios de estos obispos. No sé cuál es el Dios de estos pastores. Solo sé que no es el Dios de la justicia, que no es el Dios de la misericordia.
A los legisladores, muchos bañados en sangre de corrupción, es que los obispos y pastores presionan para que aprueben ya un Código Penal que penalice todo tipo de aborto. Así esos políticos quedarán absueltos para seguir robando como siempre han hecho en este país de pocos derechos y muchas componendas.
Ningún grupo social en la República Dominicana tiene las fuerzas para enfrentarse a las iglesias en defensa de los derechos de las mujeres. Solo los partidos políticos podrían hacerlo, pero, para mantener su poder corrupto, muchos políticos se rinden burdamente ante el chantaje de las iglesias. Ya el Senado mostró su desfachatez.
Trujillo aprobó el Concordato para que la Iglesia Católica no lo criticara. A Juan Bosch ayudaron a tumbarlo. Desde Balaguer hasta el presente, todos los gobiernos han dado a las iglesias inmensos subsidios estatales. Pero ni lo mucho les basta.
¿Aprobará el PLD ahora un Código Penal envenenado para las mujeres a cambio de impunidad?
Quedan pocos países en el mundo donde se penaliza todo tipo de aborto. Aprobar un nuevo Código Penal en el 2017 que prohíba todo tipo de aborto es privar a las mujeres dominicanas del derecho a la salud física y mental por muchos, muchos años.
Eso quieren los jefes de las iglesias, y sus cómplices son muchos políticos corruptos. Artículo publicado en el periódico HOY
Autora: Rosario Espinal
Decenas de organizaciones y personalidades del mundo social, laboral, médico, académico y de los derechos humanos, que propugnan por la equidad de género y el ejercicio de los principios democráticos, instaron este lunes a los diputados a excluir del Código Penal la pretendida penalización de la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer corra peligro, cuando éste sea el resultado de una violación o incesto y el caso de que el feto tenga malformaciones impatibless con la vida. Agrupadas en la Coalición por la vida de las Mujeres, las organizaciones exhortaron a la Cámara Baja a rectificar el error cometido por el Senado al desestimar las correctas observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al proyecto de Código Penal tras considerar que el Estado tiene la obligación de proteger la dignidad, el derecho a decidir y la vida de las mujeres. ]
Llamar la atención sobre los artículos 38 y 42 del texto constitucional que establecen que “el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que les son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.
Las acciones de política sanitaria que de manera urgente reclama la sociedad buscan en primer plano la superación de los altos índices de mortalidad materna. El 13% causado de las muertes maternas se producen por las condiciones de inseguridad en que se realizan abortos clandestinos. Las organizaciones afirman también que es intolerable que el 20% de los partos que se realizan en el país sean de niñas y adolescentes, situación atribuida a la irresponsabilidad estatal en educar y adoptar cuantas medidas sean necesarias para prevenir los embarazos indeseados.
Las organizaciones enviaron una carta a los y las integrantes de la Cámara de Diputados en la que advierten el grave peligro de establecer sanciones penales contra quienes participen en la interrupción para salvarle la vida a una mujer o en cualquiera de las circunstancias especiales ya mencionadas. Recordaron los términos de la carta de observación a los artículos del Código Penal que penalizan la interrupción del embarazo, enviada por el Presidente Medina a la Cámara de Diputados el veintiocho (28) de noviembre del 2014, cuando advertía “lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que debe regir al Estado sería equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de los países del mundo, que permiten la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimiento de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en tres supuestos debidamente fundamentados: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida”.
Entre las organizaciones que firman la carta están el Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA) el Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), la Confederación Nacional del Campo (CONAMUCA), la Federación de Mujeres Campesinas de Villa Altagracia y la Federación de Mujeres campesinas de Bani (FEMUCABA).
También apoyan la carta el Centro de Estudio de Género del INTEC, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), la Colectiva Mujer y Salud, la Articulación Nacional Campesina, Profamilia y la Federación de Mujeres campesinas de Elías Piña – FEMUCAEP-, la Asociación Nacional de Servicios de Enfermerías (ASONAEN), la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, el Colegio Médico Dominicano y la Red de Periodistas con Perspectiva de Género,Centro de Investigación y Apoyo Cultural (CIAC) entre otras entidades.
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