Desde hace más de 20 años, el movimiento de mujeres lucha por la despenalización del aborto en tres causales: cuando corre peligro la vida de la mujer, en caso de violación e incesto, y cuando hay malformación del feto incompatible con la vida. Muchas encuestas demuestran que la mayoría de la población dominicana apoya estas causales, y todos los órganos de garantía de derechos humanos han calificado la penalización absoluta del aborto como acto de violencia, crueldad y tortura. Lamentablemente, la República Dominicana es uno de los pocos países en el mundo que mantiene la penalización total. Arribamos a estas elecciones del 5 de julio en medio de una pandemia, donde las mujeres serán las más golpeadas por el desempleo, los bajos salarios, el cuidado de personas enfermas, las nuevas responsabilidades domésticas, la violencia de género y la falta de acceso a servicios seguros de salud reproductiva. En este contexto tan adverso a las mujeres, vemos con profunda preocupación que en el país se promueva una agenda conservadora anti-derechos que busca invisibilizar a las mujeres y sus necesidades, y mantener la discriminación y subordinación. En cada proceso electoral sectores conservadores intentan canjear los derechos de las mujeres con promesas de votos a favor de las candidatas o candidatos que se presten a tal maniobra.

Rechazamos enérgicamente que actuales legisladores y algunos aspirantes al Congreso apoyen mensajes y firmen acuerdos que violan los derechos fundamentales de las mujeres a la vida y la salud. La incoherencia y la negación de derechos no pueden ser la vía para intentar llegar a una posición electiva o mantenerla. Es injusto e inhumano.

Denunciamos los ataques permanentes y el acoso de diversas iglesias a candidatas y candidatos que muestran compromisos con la defensa de los derechos de las mujeres, la no discriminación y la inclusión social.

Hacemos un llamado a la Junta Central Electoral (JCE) para que tome medidas contra los sectores que promueven la violación de derechos fundamentales e interfieren en el derecho de elegir y ser elegido de quienes defienden los derechos de las mujeres. Congresistas y aspirantes: su función es legislar para toda la sociedad, independientemente de la orientación política o religiosa, así como representar a sus electores bajo el mandato constitucional de igualdad y no discriminación.

El país no puede vivir constantemente bajo la inseguridad jurídica y la amenaza de retrocesos en derechos humanos de las mujeres, que se agudizan en cada contexto electoral.

Escúchenlo bien legisladores y aspirantes: engaveten el oportunismo político en contra de las mujeres. Estamos atentas y vigilantes.

Tenemos derecho a la vida y a la salud, y no nos rendiremos ni retrocederemos por más que quieran intimidar o engañar.

¡Las vidas de las mujeres importan!

Organizaciones firmantes:

1. Foro Feminista Magaly Pineda

2. Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, CONAMUCA

3. Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAM.

4. Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF

5. Instituto de Estudios Género y Familia, IGEF-UASD

6. Centro de Estudios de Género, CEG

7. Alianza Cristiana Dominicana, ACRD

8. Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Profamilia

9. Círculo de Mujeres con Discapacidad, CIMUDIS

10. Asociación Nacional de Enfermería, ASONAEN

11. Movimiento de Mujeres Dominico-Haitiana, MUDHA

12. Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, MFHM.

13. Asociación de Trabajadoras del Hogar, ATH

14. Asociación Promoción de la Mujer del Sur, PROMUS

15. Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe.

16. Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.

17. Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía

18. Red de Defensoría de Derechos de Mujeres y Jóvenes

19. Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas- COLESDOM

20. Asociación TU, MUJER

21. Unión Democrática de Mujeres –UDEMU

22. Coalición por los Derechos, la Salud y la Vida de las Mujeres.

23. Republika Libre

24. 28 Lunas

25. Coordinadora Lésbica y de Hombres Trans, COLEHT

26. CIMTRA

27. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en la República Dominicana, CLADEM-RD

28. Comunidad de mujeres viviendo con VIH capítulo RD, ICW

29. Agrupación de Mujeres Afrodominicanas

30. Federación de Mujeres Campesinas del Llano de Elías Piña.

31. Alianza Solidaria para la lucha Contra el VIH y el SIDA, ASOLSIDA

32. Federación de Mujeres Campesinas de Yaguate, FEMUCAY

33. Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer, CE-MUJER

34. Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA)

35. Federación de Mujeres Campesinas de Monte Plata, FEMUCAM

36. Federación de Mujeres Campesinas de San Cristóbal, FEMUCAC

37. Articulación Continental de Mujeres Campesinas RD

38. Comisión de Mujeres de la Articulación Nacional Campesina

39. Tertulia Feminista Magaly Pineda

40. Tertulia Petronila Gómez, Santiago

41. Tertulia del Sur, Barahona

42. Aquelarre RD, Monseñor Noel

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Preocupadas por la situación de vulnerabilidad de muchas mujeres en nuestro país, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF),  miembro de la Coalición por los derechos y la vida de las mujeres, inició desde el pasado mes de noviembre, una campaña de concientización dirigida a la ciudadanía sobre las acciones de marco de la despenalización del aborto.  El propósito es concienciar a la ciudadanía sobre el tema y  fortalecer la acción de coalición por los derechos y vida de las Mujeres en todo el territorio nacional.

Como parte de esta campaña, enfocada en “Fortalecer la incidencia y liderazgo político en los marcos legislativos en Salud Sexual y Reproductiva”, se busca propiciar encuentros con legisladoras y legisladores, líderes de opinión y Ministerio de la Mujer, para incidir en la aprobación del proyecto de Ley para despenalizar el aborto en las tres causales y permita a la mujer elegir mantener o no un embarazo bajo las siguientes situaciones:

n caso de la mujer, niña o adolescente estar embarazada producto de violación o incesto.

En caso de que la vida de la gestante este en alto riesgo por condiciones de salud que no le permita mantener un embarazo.

En caso del feto tener malformaciones que no le garanticen la vida durante y después del parto.

Como parte de esta gestión, se han llevado a cabo reuniones con la Diputada Magda Rodríguez, Presidenta de la Comisión Equidad de Género de la Cámara de Diputados, y con el Ministerio de la Mujer, quienes han mostrado apertura e interés en integrar esfuerzos para llevar a cabo el logro de los objetivos de esta campaña a través de encuentros municipales donde se dan a conocer los objetivos de las tres causales para garantizar derechos que en su realidad, mayormente afectan a mujeres, niñas, adolescentes y familias de escasos recursos económicos, carentes de acceso a servicios de salud,  educación y justicia.

República Dominicana aún es uno de los cinco países que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia, incluido casos de menores abusadas. Un tema que aleja al país del desarrollo y pone en evidencia la falta de protección y garantías por parte del Estado a incluir derechos que respeten y valoren a las mujeres, quienes para las elecciones del 2016 representaban el 50.84% de votantes.

CIPAF es una organización de la sociedad civil comprometida desde sus inicios en militar y defender los derechos de la mujer en el país, Latinoamérica y el Caribe y como miembro de la Coalición por los derechos y vida de las mujeres continuará su militancia hasta alcanzar la meta de despenalizar el aborto en las Tres Causales entre otros proyectos de ley que garanticen los derechos, la vida y dignidad de las mujeres.

Acento.com

República Dominicana aún es uno de los cinco países que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia, incluido casos de menores abusadas

El Centro de Investigación para la Acción Femenina exhortó hoy a la ciudadanía a respaldar la despenalización del  en situaciones específicas, como forma de reducir la muerte de mujeres.

La entidad defensora de los derechos de la mujer llamó a los legisladoras y legisladores, líderes de opinión y Ministerio de la Mujer, para incidir en la aprobación del proyecto de Ley para despenalizar el aborto en las tres causales y permita a la mujer elegir mantener o no un embarazo en caso de la mujer, niña o adolescente estar embarazada producto de violación o incesto, que la vida de la gestante este en alto riesgo por condiciones de salud que no le permita mantener un embarazo, o si en caso del feto tener malformaciones que no le garanticen la vida durante y después del parto.

El  destacó que ha realizado reuniones con la diputada Magda Rodríguez, Presidenta de la Comisión Equidad de Género de la Cámara de Diputados, y con el Ministerio de la Mujer, quienes han expresado su interés en la campaña que viene desarrollando a favor de la despenalización del  en los casos ya señalados a través de encuentros municipales donde se dan a conocer los objetivos de las tres causales para garantizar derechos que en su realidad, mayormente afectan a mujeres, niñas, adolescentes y familias de escasos recursos económicos, carentes de acceso a servicios de salud,  educación y justicia.

República Dominicana aún es uno de los cinco países que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia, incluido casos de menores abusadas. Un tema que aleja al país del desarrollo y pone en evidencia la falta de protección y garantías por parte del Estado a incluir derechos que respeten y valoren a las mujeres, quienes para las elecciones del 2016 representaban el 50.84% de votantes.

CIPAF es una organización de la sociedad civil comprometida desde sus inicios en militar y defender los derechos de la mujer en el país, Latinoamérica y el Caribe y como miembro de la Coalición por los derechos y vida de las mujeres continuará su militancia hasta alcanzar la meta de despenalizar el aborto en las tres causales entre otros proyectos de ley que garanticen los derechos, la vida y dignidad de las mujeres.

Redacción Periodico El Día

Que un grupo de hombres se convierta en el lobby más poderoso en contra de que se permita la interrupción del embarazo cuando la madre corre peligro de muerte, cuando una mujer es violada o una niña sufre un incesto, es nauseante.

El momento se tornó políticamente propicio para concretizar esa maldad. Muchos legisladores son reos de sus propios delitos, aún sin orden de captura ni sentencia condenatoria. La corrupción los embriagó y ahora padecen de miedo, y caen en más despropósitos para salir airosos del tollo.

Las iglesias, encabezadas por la jerarquía católica (con mayor poder simbólico que la evangélica), aprovechan la tempestad política para lograr su cometido: que los legisladores aprueben un Código Penal que castigue todo tipo de aborto. Ha sido su meta, su sueño, su delirio.

La obsesión de las religiones con la sexualidad de las mujeres es ancestral, es patológica. Quedan pocos países en el mundo donde se penaliza todo tipo de aborto. Aprobar un nuevo Código Penal en el 2017 que prohíba todo tipo de aborto es privar a las mujeres dominicanas del derecho a la salud física y mental por muchos, muchos años.

Según las leyendas históricas, el profeta Mohamed, fundador y líder del islam, tuvo más de 15 esposas de todas las edades, y a todas las mandó a cubrirse de pie a cabeza como símbolo de pureza. Rey entre las subyugadas. Crecí en una familia profundamente católica y sé del bien que hacen muchos religiosos, pero desde que alcancé la adultez, nunca he podido aceptar la obsesión de las religiones con subordinar las mujeres, limitar sus derechos, tenerlas de segundonas. Así sucede en las tres religiones monoteístas que dominan el mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam.

¿En qué cabeza humana cabe obligar (léase bien, obligar) a una joven que ha sido violada a tener esa criatura?

¿En qué cabeza humana cabe que si una joven violada interrumpe el embarazo la envíen a la cárcel?

¿No basta con el sufrimiento de una violación?

¿Cómo justificar teológicamente que Dios estuvo presente en una violación, y, por tanto, la criatura es obra de Dios?

Enviar el violador a la cárcel no es suficiente. La mujer debe tener derecho a terminar legalmente ese embarazo si así lo decide. Es lo justo, es lo humano.

No sé cuál es el Dios de estos obispos. No sé cuál es el Dios de estos pastores. Solo sé que no es el Dios de la justicia, que no es el Dios de la misericordia.

A los legisladores, muchos bañados en sangre de corrupción, es que los obispos y pastores presionan para que aprueben ya un Código Penal que penalice todo tipo de aborto. Así esos políticos quedarán absueltos para seguir robando como siempre han hecho en este país de pocos derechos y muchas componendas.

Ningún grupo social en la República Dominicana tiene las fuerzas para enfrentarse a las iglesias en defensa de los derechos de las mujeres. Solo los partidos políticos podrían hacerlo, pero, para mantener su poder corrupto, muchos políticos se rinden burdamente ante el chantaje de las iglesias. Ya el Senado mostró su desfachatez.

Trujillo aprobó el Concordato para que la Iglesia Católica no lo criticara. A Juan Bosch ayudaron a tumbarlo. Desde Balaguer hasta el presente, todos los gobiernos han dado a las iglesias inmensos subsidios estatales. Pero ni lo mucho les basta.

¿Aprobará el PLD ahora un Código Penal envenenado para las mujeres a cambio de impunidad?

Quedan pocos países en el mundo donde se penaliza todo tipo de aborto. Aprobar un nuevo Código Penal en el 2017 que prohíba todo tipo de aborto es privar a las mujeres dominicanas del derecho a la salud física y mental por muchos, muchos años.

Eso quieren los jefes de las iglesias, y sus cómplices son muchos políticos corruptos. Artículo publicado en el periódico HOY

Autora: Rosario Espinal

Periodico Hoy 201.06.2017

Decenas de organizaciones y personalidades del mundo social, laboral, médico, académico y de los derechos humanos, que propugnan por la equidad de género y el ejercicio de los principios democráticos, instaron este lunes a los diputados a excluir del Código Penal la pretendida penalización de la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer corra peligro, cuando éste sea el resultado de una violación o incesto y el caso de que el feto tenga malformaciones impatibless con la vida. Agrupadas en la Coalición por la vida de las Mujeres, las organizaciones exhortaron a la Cámara Baja a rectificar el error cometido por el Senado al desestimar las correctas observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al proyecto de Código Penal tras considerar que el Estado tiene la obligación de proteger la dignidad, el derecho a decidir y la vida de las mujeres. ]

Llamar la atención sobre los artículos 38 y 42 del texto constitucional que establecen que “el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que les son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

Las acciones de política sanitaria que de manera urgente reclama la sociedad buscan en primer plano la superación de los altos índices de mortalidad materna. El 13% causado de las muertes maternas se producen por las condiciones de inseguridad en que se realizan abortos clandestinos. Las organizaciones afirman también que es intolerable que el 20% de los partos que se realizan en el país sean de niñas y adolescentes, situación atribuida a la irresponsabilidad estatal en educar y adoptar cuantas medidas sean necesarias para prevenir los embarazos indeseados.

Las organizaciones enviaron una carta a los y las integrantes de la Cámara de Diputados en la que advierten el grave peligro de establecer sanciones penales contra quienes participen en la interrupción para salvarle la vida a una mujer o en cualquiera de las circunstancias especiales ya mencionadas. Recordaron los términos de la carta de observación a los artículos del Código Penal que penalizan la interrupción del embarazo, enviada por el Presidente Medina a la Cámara de Diputados el veintiocho (28) de noviembre del 2014, cuando advertía “lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que debe regir al Estado sería equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de los países del mundo, que permiten la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimiento de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en tres supuestos debidamente fundamentados: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida”.

Entre las organizaciones que firman la carta están el Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA) el Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), la Confederación Nacional del Campo (CONAMUCA), la Federación de Mujeres Campesinas de Villa Altagracia y la Federación de Mujeres campesinas de Bani (FEMUCABA).

También apoyan la carta el Centro de Estudio de Género del INTEC, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), la Colectiva Mujer y Salud, la Articulación Nacional Campesina, Profamilia y la Federación de Mujeres campesinas de Elías Piña – FEMUCAEP-, la Asociación Nacional de Servicios de Enfermerías (ASONAEN), la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, el Colegio Médico Dominicano y la Red de Periodistas con Perspectiva de Género,Centro de Investigación y Apoyo Cultural (CIAC) entre otras entidades.

Más de 70 organizaciones agrupadas en la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres declararon, mediante un comunicado dado a conocer en una  rueda de prensa, que apoyan la Observación del Presidente al Proyecto de Código Penal realizada en diciembre del 2016 y enviada al Senado de la República Dominicana, en la que indica incluir la despenalización el aborto en las tres eximentes claramente definidas en el texto enviado al Congreso. 

La Observación del presidente Danilo Medina dada a conocer el pasado diciembre contempla la despenalización de la interrupción del embarazo en caso de mala formación genética incompatible con la vida; también si el embarazo es producto de violación o incesto y en caso del aborto terapéutico.

De este último, el terapéutico, explicaron en el comunicado que la Observación “define la prioridad de la vida de las mujeres en caso de que haya que interrumpir un embarazo que ponga su vida en riesgo, no dejándolo a la sola mención del artículo 42 de la Constitución, como se ha pretendido, pues el aborto terapéutico, desde el punto de vista constitucional resuelve la protección de las mujeres como prioridad ante el conflicto entre los derechos fundamentales de la mujer y del feto.”

Las organizaciones consideraron que la despenalización del aborto en la República Dominicana es una normativa cónsona con el Estado de derecho y con la Constitución de la República Dominicana, así como con los convenios internacionales que comprometen al país en la protección de los derechos, la integridad de la vida y la salud de las mujeres dominicanas.

En tal sentido las más de 70 entidades destacaron que en la Observación del Presidente Danilo Medina al Proyecto de Código Penal, que le enviara al Senado de la República en diciembre del 2016, está la decisión de respetar y valorar la integridad de la salud y vida de las mujeres dominicanas, especialmente de las mujeres pobres, que son las que están más expuestas a abortos inseguros y clandestinos

En la rueda de prensa las organizaciones retomaron la explicación de cuatro importantes abogados constitucionalistas y otros tantos juristas reconocidos, que han explicado que el artículo 37 de la Constitución establece sobre el derecho a la vida que, “es inviolable desde la concepción hasta la muerte”, incluyendo la vida de la mujer.

Asimismo recordaron el artículo 38 de la Constitución, el cual dispone sobre la Dignidad Humana: “El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos” 

Y, finalmente, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, la Constitución de la  República Dominicana, en el artículo 74, ordinal 4, indica la obligación del Estado de reglamentar estas situaciones, que es lo que ha solicitado el Presidente Medina, alegaron en el comunicado leído y entregado a la prensa.

Con la penalización absoluta del aborto, se afecta el Estado de Derecho de la República Dominicana, por las violaciones a los artículos antes mencionados que protegen los derechos de las mujeres, y al no cumplir con las normativas internacionales de las que el Estado dominicano es signatario y que tienen carácter constitucional, pues la Constitución dominicana establece en su artículo 74, numeral 1-3 que los tratados internacionales tienen carácter constitucional en la jerarquía de las leyes. También consignado en Resolución 1920-2003, de la Suprema Corte de Justicia, y en el 1969 la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho de los Tratados (Convención de Viena), en el Artículo 27 a otorgarle a los tratados internacionales una jerarquía superior a las normativas internas.

Las entidades manifestaron a los cuerpos legislativos nacionales que, como ya han opinado juristas especialistas, por tratarse de derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitución dominicana los que se ven lesionados en las mujeres que viven situaciones especiales, éstos no están sujetos a consultas populares para su regulación, sean de referendos o plebiscitos.

Finalmente, la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, rechaza cualquier negociación que implique lesionar los derechos fundamentales de las dominicanas, su integridad y su vida, creyendo que, si el mismo primer mandatario fue capaz de entender el alcance constitucional y los principios de derecho, también lo harán los legisladores y legisladoras de nuestro país.

Ciudadanía exige al Presidente Danilo Medina observar el Codigo Penal y despenalizar el aborto en las tres causales

Santo Domingo, 16 de diciembre de 2016.- El pasado miércoles 14 de diciembre el Senado de la República conoció y aprobó nuevamente de urgencia el proyecto de Código Penal, manteniendo la criminalización del aborto producto de una violación sexual o incesto y por mal formación incompatible con la vida, excluyendo así la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo en el año 2014.

“Como ciudadanos y ciudadanas rechazamos tajantemente esta nueva afrenta a los derechos de las mujeres y niñas, no obstante el consenso logrado en 2014 por todos los sectores sociales, incluyendo la comunidad médica y científica,” declararon en rueda de prensa donde participaron representantes de organizaciones nacionales e internacionales y ciudadanía organizada.

Las organizaciones advirtieron que continuar con la criminalización en las circunstancias descritas representa una violación flagrante de los derechos humanos de las mujeres y las niñas al obligárseles a llevar a término un embarazo que atenta contra su propia vida, su dignidad, o su integridad psíquica y moral.

Explicaron  que en tales circunstancias, se les niega su derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, a la igualdad, y a no ser sometidas a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, todos estos derechos consignados en nuestra Carta Magna y en tratados internacionales que hemos ratificado y asumido.

“La interrupción del embarazo, al menos en estas situaciones, es un asunto claro de salud pública, de reducción de muertes maternas, siendo irresponsable e innecesariamente postergado en perjuicio de cientos de mujeres y niñas que, como Rosaura Almonte –Esperancita-, pierden sus vidas por no recibir la atención medica requerida para salvarse ante emergencias obstétricas” afirmaron.

La Republica Dominicana exhibe vergonzosamente una de las más altas tasas de mortalidad materna, asociada, en importante medida, a abortos clandestinos realizados en condiciones inseguras (tercera causa de muerte materna) afectando de forma especial a aquellas de escasos recursos y provenientes de sectores vulnerables.

La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres exige al Gobierno Dominicano el cumplimiento de los acuerdos internacionales y nacionales firmados con el propósito de erradicar la violencia en contra de las mujeres, especialmente la ejercida de manera institucional y estructural al penalizar el aborto producto de una violación sexual o incesto o por mal formación incompatible con la vida.

“Exigimos al Sr. Presidente de la República asumir su compromiso con los derechos a la vida y a la salud de todas, y que observe el Código Penal  aprobado que continúa impunemente facilitando feminicidios desde el  Estado”, declararon en el encuentro con la prensa.

Entre las siguientes acciones de la Coalición están: una caminata este domingo 18 de Diciembre a las 9:00 am que saldrá desde el Parque Colón hasta el Parque Independencia, a la que invitan a la población a unirse y una visita de una comitiva de que en las próximas horas hará entrega de la presente declaración al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y al Ministro de la Presidencia, para su trámite inmediato al Presidente de la República.

La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres está compuesta por organizaciones que vindican por diferentes causas tales como la garantía de la salud, la ley, los derechos de las mujeres, derechos de trabajadores y trabajadoras así como los de la población campesina entre otras.

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SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Las organizaciones que integran la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres solicitaron este lunes al Congreso Nacional que acoja la observación del presidente Danilo Medina sobre los artículos referentes a la penalización del aborto contenidos en el Código Penal recientemente aprobado por los legisladores.

En este sentido, las organizaciones se manifestaron en contra de la plena penalización del aborto y defendieron que se establezcan excepciones cuando peligra la vida de la madre, cuando la mujer ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión o feto presenta malformaciones incompatibles con la vida.

"La penalización absoluta del aborto es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, un problema de salud pública, de justicia social y de democracia", expresaron representantes de las entidades.

Asimismo, opinaron que la penalización absoluta del aborto no puede ser la respuesta del Estado a un problema cuyas raíces no están en la falta de castigo, sino en la ausencia de prevención y atención.

"El Estado no garantiza a las mujeres pobres, en particular, su derecho a educación sexual, a información oportuna y científica, a servicios de salud integrales, incluido el acceso a métodos anticonceptivos adecuados y gratuitos", dijeron las entidades sociales.

Consideraron que la penalización del aborto sin excepciones promueve e institucionaliza la injusticia social.

Las agrupaciones de mujeres, gremios del área de la salud, organizaciones políticas, sociales y académicas explicaron que lo más justo sería equiparar la legislación dominicana a la de la mayoría de países del mundo, donde se permite la interrupción del embarazo en tres casos excepcionales.

Pidieron a los legisladores que acojan la observación del presidente en el "más breve plazo".

Además, recordaron que pese a las limitaciones para estimar los casos de abortos que se realizan en el país, "datos oficiales citan que las complicaciones por aborto es la cuarta causa de mortalidad materna".

También indicaron que el 19 por ciento del total de embarazos registrados por el Ministerio de Salud termina en abortos.

"La criminalización del aborto sin excepciones, en lugar de contribuir con este objetivo, resta efectividad a los esfuerzos por reducir la alarmante tasa de mortalidad materna que presenta el país", sostuvieron.

Las organizaciones expusieron que los representantes de la sociedad dominicana en el Congreso Nacional están llamados a atender la opinión de sus representados, que "en su mayoría (61.2%) se muestran a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la mujer, según el informe Barómetro de las Américas de 2012". EFE

PERIODICO: 7 Días

La aprobación por parte del Congreso Nacional del Código Penal y su posterior observación y devolución al Congreso por parte del presidente Danilo Medina, ha reavivado en el país el debate sobre la despenalización del aborto en casos excepcionales: cuando la vida de la mujer embarazada está en riesgo; cuando el embarazo es consecuencia de una violación o incesto; o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.

A los argumentos jurídicos y datos que acompañan esta discusión pública, me gustaría añadir una historia real y reciente, la del caso Esperancita. Porque traer los debates a lo concreto, al suelo que pisamos y a las realidades que vivimos siempre ayuda a ampliar nuestra mirada.

El 2 de julio de 2012 la señora Rosa Hernández, madre de Rosaura Almonte (conocida en los medios como Esperancita), joven de 16 años, acudió a un hospital de la ciudad capital. El mismo día de su ingreso fue diagnosticada con Leucemia Aguda, un tipo de cáncer de la sangre que requiere de la administración inmediata de quimioterapia. Sin embargo, esta adolescente no recibió tratamiento oportuno, junto a la leucemia se detectó un embarazo de siete semanas, inviable dada su condición de salud. Dado que la administración de quimioterapia requiere previamente de la interrupción del embarazo, los médicos tratantes se negaron a administrar tratamiento aduciendo que la legislación dominicana penaliza el aborto sin excepciones. Gracias a la fuerte presión mediática y a la indignación pública que suscitó este caso, Esperancita recibió quimioterapia veinticuatro días después de su ingreso, cuando su cuerpo ya se encontraba destrozado por la enfermedad y el embarazo. Su madre, a pesar de todos sus esfuerzos sólo pudo contemplar el deterioro progresivo de su única hija a la que no se ofreció la oportunidad que merecía de luchar contra la enfermedad.

La quimioterapia llegó tarde, el cáncer de sangre no es una enfermedad que espera a que los debates morales, religiosos y legales en torno al aborto se resuelvan. Rosaura falleció en la unidad de cuidados intensivos el 17 de agosto de 2012. Causa de la muerte: aborto completo, hemorragia masiva, leucemia aguda.

Este caso tan doloroso es un aviso de aquello que no debemos olvidar y que tan bien ha aclarado la Corte Interamericana (hoy bajo amenaza), “el objeto de protección del derecho a la vida es la mujer y la defensa del no nacido se realiza a través de la protección de la mujer” (caso Artavia Murillo Vs. Costa Rica). Recordando también las palabras de la Corte Constitucional Colombiana (sentencia C355/06), “la penalización del aborto en todas las circunstancias implica el sacrificio absoluto de los derechos fundamentales de la mujer embarazada así como el desconocimiento de su dignidad humana al reducirla a un mero receptáculo de la vida en gestación”.

El triste saldo de esta historia es que una joven de 16 años perdió la vida y una madre perdió a su única hija por razones que podríamos, como sociedad, haber evitado. Su caso ha pasado a ser emblemático y como tal constituye una advertencia del precio que pagamos, de las vidas que sacrificamos cuando decidimos ignorar la dignidad humana de las mujeres. Actualmente el caso se encuentra en manos de los tribunales y confiamos en que estos cumplan con su responsabilidad de hacer justicia y garantizar su no repetición. Pero con independencia de eso y en medio de este debate que parece que nunca termina, es nuestra obligación traerlo a la memoria. Porque no se trata de un caso aislado, es lo que le ocurre a las mujeres y niñas dominicanas día a día en hospitales públicos y clínicas privadas cuando su vida y salud se encuentran en riesgo por motivos de un embarazo. Es también el riesgo potencial que corremos las mujeres que aún no estamos embarazadas, nuestras hijas, hermanas, amigas, primas. Es el sufrimiento de los padres, maridos, hermanos, tíos que las pierden. Es el sufrimiento de familias completas. Y la pérdida de las sociedades en capital humano.

Precisamente por esto, la despenalización del aborto terapéutico es la lucha de toda la ciudadanía, hombres y mujeres, por un país más justo, por un país más humano.