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En República Dominicana la violencia de género la viven de manera cotidiana muchas mujeres, niñas y adolescentes, teniendo graves repercusiones tanto en la vida personal de las víctimas, como en la trasgresión del Estado de Derecho específicamente en los principios de igualdad, justicia y democracia que conlleva al deterioro de la sociedad

Con el propósito de informar, sensibilizar y promover la participación del estudiantado en acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, ponemos a disposición de su centro educativo y de los y las docentes en general, la Guía para la conmemoración del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. Esta guía es una publicación del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) con el apoyo de la Dirección General de Informática Educativa (DGIE) del Ministerio de Educación la República Dominicana (MINERD).

En ella encontrarán material didáctico como estrategia para contribuir a la construcción de una nueva cultura hacia una ciudadanía libre de violencia, está dirigida a los y las docentes para su trabajo con niños y niñas y adolescentes en los centros educativos.

Les informamos que las actividades más destacadas que realicen los centros educativos participantes y de las que nos envíen fotos o videos cortos, serán promocionadas en la página Web y las redes sociales de Educando y de CIPAF.

¡Esperamos contar con su interés, entusiasmo y apoyo!

Para mayor información y preguntas favor contactar:

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Declaración de organizaciones de la sociedad civil dominicanas al conmemorarse los 53 años del asesinato de las hermanas Mirabal
25 de noviembre 2013, Parque Duarte

Una vez más, las mujeres dominicanas, integradas en diversas organizaciones de la sociedad civil, unimos nuestras voces y voluntades para rendir homenaje a las Hermanas Mirabal, mujeres que han marcado un referente internacional en la lucha por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, así como a aquellas que han caído en las acciones de lucha para poner fin a toda forma de violencia y de violación a los derechos humanos o que han dedicado sus vidas a  promover los derechos económicos, políticos y sociales en aras de fortalecer la democracia y la equidad en el mundo.

La conmemoración del Día de la No Violencia Contra la Mujer encuentra a nuestro país sumido en la crisis de violencia machista que nos arropa desde hace años, sin que se atisben por el momento indicios de solución. Para el período enero-septiembre de este año, la Procuraduría General de la República contabiliza 112 feminicidios (126 hasta el día de hoy, según el Observatorio de Ciudadanía Activa de las Mujeres) y más de 54,200 denuncias de violencia intrafamiliar y de género, cifras escalofriantes que sitúan a nuestro país como uno de los lugares más peligrosos del mundo para las mujeres.

Las acciones del Estado en torno a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y las niñas deben mostrar coherencia lógica entre las políticas y programas hasta ahora desarrollados y la propuesta de Nuevo Código Penal que reposa en la Cámara de Diputados y Diputadas.

La aprobación de la Ley 24-97, como componente jurídico de la política pública hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, sentó las bases para el abordaje desde el sistema público. A partir de ésta, se dispuso el diseño de normas y modelos de atención, se crearon infraestructuras específicas, sobre todo en el ámbito judicial y del Ministerio Público. Además, especialización y capacitación de recursos humanos, a la par de un discurso de preocupación unido a la realización de campañas de difusión y prevención, entre otras intervenciones, que a pesar de las críticas que reciben, entre ellas la falta de recursos y la repercusión de sistema político partidista, la diferencia con lo que existía antes de la aprobación de la ley es abismal.

Los actos conmemorativos del Día Internacional contra la Violencia hacía las mujeres, una vez más como cada año, nos presentan marchas organizadas por personas prestadoras de servicios del sector oficial, declaraciones en medios de comunicación en las cuales se informa sobre la actualización del número de denuncias y feminicidios, o su posible participación en otros eventos en torno a los quince días de activismo. Ante la coyuntura actual, cabe la pregunta ¿Cómo vincularles con la propuesta de Código Penal que está siendo conocida en la Cámara de Diputados y Diputadas?