Thursday, 12 June 2014 22:28

WSIS+10 High-Level Event

The WSIS+10 High-Level Event will be an extended version of the WSIS Forum. The Event will be held in the ITU Headquarters, Geneva from 10-13 June 2014 (9 June pre-events). It is designed to review the progress made in the implementation of the WSIS outcomes under the mandates of participating agencies, and to take stock of achievements in the last 10 years based on reports of WSIS Stakeholders, including those submitted by countries, Action Line Facilitators and other stakeholders. The event will review the WSIS Outcomes (2003 and 2005) related to the WSIS Action Lines with the view of developing proposals on a new vision beyond 2015, potentially including new targets. This process will take into account the decisions of the 68th Session of the UN General Assembly. The event is coordinated by ITU and co-organized by ITU, UNESCO, UNCTAD and UNDP.

he WSIS+10 High-Level Event will be an extended version of the WSIS Forum. The Event will be held in the ITU Headquarters, Geneva from 10-13 June 2014 (9 June pre-events). It is designed to review the progress made in the implementation of the WSIS outcomes under the mandates of participating agencies, and to take stock of achievements in the last 10 years based on reports of WSIS Stakeholders, including those submitted by countries, Action Line Facilitators and other stakeholders. The event will review the WSIS Outcomes (2003 and 2005) related to the WSIS Action Lines with the view of developing proposals on a new vision beyond 2015, potentially including new targets. This process will take into account the decisions of the 68th Session of the UN General Assembly. The event is coordinated by ITU and co-organized by ITU, UNESCO, UNCTAD and UNDP.

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De nuestra consideración:

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM), es una organización regional feminista que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, agrupa a personas y organizaciones no gubernamentales en 15 países de la región, con estatus consultivo para el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la OEA y la UNESCO.

Hemos recibido con gran preocupación la información de que a raíz del conocimiento de la segunda lectura del Código Penal en el Senado, la alta jerarquía de la iglesia católica ha propuesto la eliminación del Feminicidio como figura legal y la causal del “estado de necesidad” como excepción a la penalización del aborto, aprobados el pasado año por la Cámara de Diputados.

Deseamos recordar a la ilustre Cámara, que la República Dominicana ha reflejado la tasa más altas de feminicidios cometidos por parejas en la región (1.7), en comparación con nueve países de Latinoamérica. La tipificación de esta figura legal parte del reconocimiento a las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, y a la violencia que reciben las mujeres por su condición de género, cuya expresión extrema conlleva a la muerte. La sanción legal contribuiría para contar con medidas de prevención y correspondiente sanción; así como también el diseño de políticas públicas, indicadores estadísticos  y presupuestos adecuados . Estas razones han llevado a otros países de la región a incluirlo dentro de sus legislaciones: Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú.

La penalización absoluta del aborto, también se convierte en otra expresión de violencia hacia las mujeres cuando desde el Estado no se toman las medidas legales necesarias y obligatorias para impedir la muerte.  República Dominicana se encuentra dentro de los países con las tasas más altas de mortalidad materna de la región (150/100,000, en cuarto lugar precedido por Bolivia, Guyana y Haití), cuyo promedio es de 91/100,000. En múltiples estudios se ha comprobado el vínculo entre la penalización absoluta y esta alta tasa, por lo que las extremas restricciones legales no contribuyan a su eliminación o disminución.

A raíz de la presentación de los informes sexto y séptimo al Comité Para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, el pasado año, el país recibió importantes reconocimiento por haber aprobado el “estado de necesidad” como una excepción a la penalización del aborto, y por haber tipificado el Feminicidio como figura legal en el marco de la aprobación del Código Penal en la Cámara de Diputados.  Expresamente en el año  2014 el Comité de la CEDAW ha recomendado al Estado dominicano que  “…Se asegure de que el proyecto de enmienda del Código Penal, que despenaliza el aborto en caso de que la vida de la madre se vea amenazada, se aprobará con prontitud y se ampliará para cubrir otras circunstancias, como la violación, el incesto y la malformación grave del feto, de acuerdo con la recomendación general núm. 24 del Comité".

Recordamos a las y los honorables integrantes del Senado que el Consenso de Montevideo reafirma la laicidad del Estado como fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las personas.

Exhortamos a los/as honorables senadores/as, emular la decisión tomada por sus colegas de la Cámara de Diputados/as de tipificar el feminicidio y acoger la excepción al aborto como “estado de necesidad”, y de incluir alguna modificación sea favorable para abrir oportunidades a otras causales como la violación sexual o el incesto.

En sus manos se encuentra una decisión histórica de contribución a la democracia nacional a través de la demostración de independencia y autonomía institucional en un Estado social, democrático y de derechos, sin sometimiento a dogmas religiosos,  cumpliendo con el deber de garantizar el derecho a la vida de las mujeres y el de una vida libre de todas formas de violencia.

Con consideración y alta estima,

Elba Núñez
Coordinadora Regional
CLADEM

La sociedad civil estatal, de las Comunidades Autónomas y distintos municipios ha respondido positivamente a la propuesta elaborada por la Plataforma Informe Sombra CEDAW España.

Más de 200 organizaciones y colectivas han refrendado este informe, que será presentado en nombre de todas ellas a Naciones Unidas para que la voz de la sociedad civil sea también tenida en cuenta.

Así, este informe, realizado gracias al esfuerzo de más de 50 organizaciones no gubernamentales de mujeres, cooperación internacional y derechos humanos que han estado participando en todo su proceso de elaboración, aumenta su potencia representativa y gana impulso en su camino hacia la evaluación de la aplicación en España de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW en sus siglas en inglés) en el período 2009-2013

PDF - 708.7 KB

  Consulta aquí el Informe Sombra.

  Este enlace sigue abierto para sumar más firmas de organizaciones y colectivos de la sociedad civil.

A lo largo de la última década, las y los legisladores dominicanos han sido objeto de presiones, amenazas y hasta de chantajes por parte de una Iglesia católica que, actuando al margen de principios y procedimientos democráticos, se empecina en utilizar el poder coercitivo del Estado para imponer sus posiciones doctrinales particulares a toda la población.

En esta ocasión la injerencia eclesiástica en el proceso legislativo resulta particularmente ofensiva porque apunta contra medidas tan razonables y oportunas como son la tipificación del feminicidio y la adopción del Estado de Necesidad para permitir la interrupción médica del embarazo cuando éste amenace de forma inminente la vida de la mujer.  

Este proceder eclesiástico resulta por demás incomprensible: ¿Cómo es posible que a estas alturas la Iglesia se oponga a una medida que busca combatir el feminicidio, en un país donde los asesinatos de mujeres alcanzan la categoría de catástrofe nacional? Y no sólo se opone, sino que utiliza el argumento baladí de que la calificación resultadiscriminatoria contra los hombres, por no existir en el Código la contrapartida del “masculinicidio”!

En lo que respecta a los artículos del Código relativos al aborto, las posiciones de la Iglesia alcanzan un grado de fanatismo extremo: 1) Pide incrementar a 30-40 años la pena de cárcel para la mujer que aborta, entendiendo que éste debe ser castigado como homicidio premeditado; 2) Pide se elimine el párrafo del Art. 90 que permitiría “la interrupción del embarazo cuando sea practicado por personal médico especializado, en establecimientos de salud públicos o privados, siempre que el mismo se produzca como consecuencia de un estado de necesidad”, es decir, cuando el embarazo represente “un peligro actual o inminente” contra la vida de la mujer.

El principal argumento de la Iglesia en este sentido es que ante una complicación que ponga en peligro la vida de la mujer, el médico “está obligado a luchar para salvar las dos vidas y si en este esfuerzo uno de los dos muere no hay ninguna responsabilidad penal”. Esto es lenguaje canónico cifrado para edulcorar un poco la posición despiadada e inhumana de la Iglesia frente el aborto terapéutico, que se reduce a lo siguiente: el embarazo no debe interrumpirse nunca, aunque muera la mujer, porque el embrión es una persona y como tal tiene el mismo derecho a la vida que la mujer adulta.

¿Debe la sociedad dominicana, por vía de nuestros representantes electos al Congreso, permitir que la Iglesia nos imponga esta visión extremista, oscurantista y misógina? La oposición de la Iglesia a la anticoncepción y al aborto terapéutico son una cuestión doctrinal particular que en todo caso correspondería cumplir a ese 56% de la población dominicana que se identifica como católica según el Latinobarómetro del 2012 (57% según la Penn & Schoen del 2013).

Bajo ninguna circunstancia debemos permitir que esta doctrina se nos imponga a todos con fuerza de ley, porque sólo las teocracias proceden de esta manera –y cabe recordar que hasta en las teocracias más recalcitrantes, como Irán y Arabia Saudita, se permite el aborto terapéutico!

La Colectiva Mujer y Salud entiende que la prohibición del aborto viola los derechos fundamentales de la mujer a la autodeterminación, a la integridad corporal, a la dignidad, a la intimidad, a la salud. Entiende que las mujeres somos personas con derecho a tomar decisiones reproductivas propias, no incubadoras a las órdenes del Estado o de la Iglesia. Entiende que el Estado que obliga a una mujer a llevar a término un embarazo que amenaza su salud o que sea producto de violencia sexual merece el calificativo de barbárico.

Nuestros legisladores harán bien en reconocer que la Iglesia católica no sólo que no tiene derecho a imponer sus doctrinas por la fuerza de la ley, sino que tampoco cuenta con la capacidad efectiva para chantajear a los actores políticos que se nieguen a obedecerla. Basta recordar cuan inútiles resultaron sus amenazas electorales contra los 33 legisladoras/es que se opusieron al Art. 30 (actual 37) de la Constitución.

La sociedad dominicana está decididamente a favor de la despenalización del aborto terapéutico, como muestran todos los estudios y encuestas de los últimos años. Los nuevos e insólitos argumentos eclesiales en contra de la tipificación del feminicidio con toda seguridad merecerán también el rechazo de la ciudadanía.

La Colectiva llama a las y los ciudadanos a manifestar su indignación frente a las exigencias de la Iglesia por todas las vías a su alcance: llamadas o cartas a las/os legisladores, participación telefónica en programas radiales, uso intensivo de las redes sociales, etc. Llamamos asimismo a que nos acompañen el próximo martes 17 a las 7:30 de la mañana en la actividad “Temprano Contra los Feminicidios” frente al Congreso Nacional, donde reiteraremos nuestra demanda de que se tipifique el feminicidio en toda la amplitud del término y que cómo mínimo se despenalice el aborto terapéutico y en casos de violación o incesto.

Colectiva Mujer y Salud
12 de junio 2014

La Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es un órgano subsidiario de la CEPAL, que fue creado por los países de la región durante el Trigésimo cuarto período de sesiones de la Comisión realizado en agosto de 2012 en San Salvador, El Salvador. Uno de sus objetivos es promover el desarrollo y mejoramiento de las políticas nacionales en estos ámbitos.

El "Directorio Nacional de instituciones que trabajan por la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas", que ponemos en sus manos es un producto del proyecto "No más Violencia: La contribución de las TIC a la lucha para erradicar la violencia hacia las mujeres en República Dominicana" que implementó, en su primera fase, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) y la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO con el apoyo financiero del Programa de Participación de UNESCO. 

El objetivo principal de este novedoso proyecto fue estimular el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la lucha para de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en la República Dominicana. 

 

AÑO XXlV NÚMERO 2 NOVIEMBRE 2004

Llega un nuevo 25 de noviembre, la fecha en que el mundo recuerda a tres dominicanas universales -Patria, Minerva, Maria teresa- y llama la atención sobre el problema mas grave que ofrece a millones de mujeres y niñas de todas las nacionalidades en los espacios públicos y privados donde se desenvuelva su vida 

Thursday, 15 May 2014 03:13

Mujeres y seguridad ciudadana

AÑO XXVll NÚMERO 2 NOVIEMBRE 2006

Como cada año Quehaceres dedica su edición de noviembre al tema de la violencia contra las mujeres. Al tiempo de pasar balances a los avances, ciertamente tímidos para los tiempos que vivimos, de abundante información y aires modernizantes, señalamos los desafíos de una sociedad que aun ve pasar el funesto conteo de feminicidios anuales.Mujeres  que pierden la vida a manos de quienes se supone le debieron profesar amor y protecion , es decir su pareja, o en ultimo caso repeto a sus derechos mas fundamentales, cuando se trata de ex parejas. 

ANO XXVIII NÚMERO 2 NOVIEMBRE 2007

Hace una década, las organizaciones e instituciones de mujeres dominicanas lograron, tras muchos años de movilización en distintos escenarios, la promulgación de la Ley 24-97 que modificó el Código Penal en materia de violencia doméstica. Su entrada en vigencia permitió sacar el tema de la violencia hacia las mujeres del ámbito privado y que, de más en más, la sociedad la reconozca como una violación a los derechos humanos

AÑO XXV NÚMERO 1 NOVIEMBRE 2005

Si miráramos hacia atrás,digamos 25 años, e hiciéramos una comparación entre la forma en que se abordaba entonces el tema de la violencia contra las mujeres y la actitud presente hacia el mismo problema, encontraríamos diferencias del cielo a la tierra.Ciertamente, de ser invisible como problema social, o estigmatizado como un asunto de “dentro de la casa, que además se buscan las mujeres”, la violencia ha pasado a ser tema de análisis que preocupa al abanico social en toda su diversidad: grupos comunitarios, personal de la salud pública y privada, medios de comunicación, burocracia estatal, y autoridades.