Pese a los diferentes actores que interactúan en el sistema, hasta ahora el Ministerio de la Mujer ha estado dentro de los pocos que se han dejado escuchar para advertir los retrocesos de ser aprobado el Código Penal según el informe de la comisión.

Nos preguntamos cuántos jueces o juezas, Fiscales a nivel nacional o Coordinadoras de Unidades de Atención a la Violencia contra la Mujer, de catorce que existen en todo el país, han sido consultadas. ¿Han consultado el personal multidisciplinario que integra estas unidades? ¿Cuál ha sido el acercamiento con la Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer, de la Procuraduría General de la República? En el país existen excelentes personas profesionales, hombres y mujeres, con muchos años de trabajo y conocimiento de cómo afecta el fenómeno en la realidad dominicana ¿Han sido escuchadas estas voces?

La poca coherencia no solo se muestra como agentes estatales, también como integrantes del mismo partido en funciones encargado de la administración del Estado, el cual además ocupa la mayoría congresual. Lo que pudiera ser un plus que propicie las condiciones para el diálogo.

De ser aprobado el Código según el informe nos dejarán como herencia partidista la autoría intelectual y responsabilidad solidaria del mayor retroceso legislativo contra las mujeres hecho en el país.

Más allá del ambiente político ante las consecuencias del “paquetazo fiscal” y el entramado para disimular la atención de las discusiones, las mujeres merecen garantías legales para disfrutar de una vida libre de violencias.

La modificación del componente legal de la política pública debe ser el resultado de una evaluación y análisis de su impacto en el sistema y en la vida de las víctimas, en consulta con actores(as) que intervienen desde diferentes disciplinas para la superación del fenómeno.  Por el contrario, no una carta sacada de la manga con ánimo sorpresivo y unilateral.