Mujica ya había señalado en numerosas ocasiones que no iba a vetar la norma, tal y como hizo su antecesor en el cargo Tabaré Vázquez con una iniciativa similar en 2008, por lo que la promulgación de la ley se daba por hecho pese a los esfuerzos de asociaciones antiabortistas, que le pidieron al mandatario en los últimos días que no le diera el visto bueno.

La nueva ley uruguaya no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.

Estas medidas incluyen pasar por una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que asesorarán a las mujeres sobre sus posibilidades y cumplir con un plazo de cinco días de reflexión antes de someterse a la intervención.

Una vez cumplido el trámite, las mujeres podrán abortar si lo desean en cualquier centro público o privado de salud del país, quienes estarán obligados a realizar la intervención o a garantizar que ésta se haga por terceros en casos de objeción de conciencia.

Los abortos que se realicen fuera de este procedimiento seguirán siendo ilegales y por tanto penalizados.

Para que ahora pueda ponerse en marcha la ley, el Parlamento y las autoridades del Ministerio de Salud Pública deberán trabajar en un reglamento, que se espera esté listo aproximadamente en el plazo de un mes.