Thursday, 12 June 2014 22:29

Dominicana en alerta: Preocupación por intento de eliminación del Feminicidio y causal del "estado de necesidad" como excepción a la penalización del aborto

De nuestra consideración:

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM), es una organización regional feminista que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, agrupa a personas y organizaciones no gubernamentales en 15 países de la región, con estatus consultivo para el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la OEA y la UNESCO.

Hemos recibido con gran preocupación la información de que a raíz del conocimiento de la segunda lectura del Código Penal en el Senado, la alta jerarquía de la iglesia católica ha propuesto la eliminación del Feminicidio como figura legal y la causal del “estado de necesidad” como excepción a la penalización del aborto, aprobados el pasado año por la Cámara de Diputados.

Deseamos recordar a la ilustre Cámara, que la República Dominicana ha reflejado la tasa más altas de feminicidios cometidos por parejas en la región (1.7), en comparación con nueve países de Latinoamérica. La tipificación de esta figura legal parte del reconocimiento a las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, y a la violencia que reciben las mujeres por su condición de género, cuya expresión extrema conlleva a la muerte. La sanción legal contribuiría para contar con medidas de prevención y correspondiente sanción; así como también el diseño de políticas públicas, indicadores estadísticos  y presupuestos adecuados . Estas razones han llevado a otros países de la región a incluirlo dentro de sus legislaciones: Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú.

La penalización absoluta del aborto, también se convierte en otra expresión de violencia hacia las mujeres cuando desde el Estado no se toman las medidas legales necesarias y obligatorias para impedir la muerte.  República Dominicana se encuentra dentro de los países con las tasas más altas de mortalidad materna de la región (150/100,000, en cuarto lugar precedido por Bolivia, Guyana y Haití), cuyo promedio es de 91/100,000. En múltiples estudios se ha comprobado el vínculo entre la penalización absoluta y esta alta tasa, por lo que las extremas restricciones legales no contribuyan a su eliminación o disminución.

A raíz de la presentación de los informes sexto y séptimo al Comité Para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, el pasado año, el país recibió importantes reconocimiento por haber aprobado el “estado de necesidad” como una excepción a la penalización del aborto, y por haber tipificado el Feminicidio como figura legal en el marco de la aprobación del Código Penal en la Cámara de Diputados.  Expresamente en el año  2014 el Comité de la CEDAW ha recomendado al Estado dominicano que  “…Se asegure de que el proyecto de enmienda del Código Penal, que despenaliza el aborto en caso de que la vida de la madre se vea amenazada, se aprobará con prontitud y se ampliará para cubrir otras circunstancias, como la violación, el incesto y la malformación grave del feto, de acuerdo con la recomendación general núm. 24 del Comité".

Recordamos a las y los honorables integrantes del Senado que el Consenso de Montevideo reafirma la laicidad del Estado como fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las personas.

Exhortamos a los/as honorables senadores/as, emular la decisión tomada por sus colegas de la Cámara de Diputados/as de tipificar el feminicidio y acoger la excepción al aborto como “estado de necesidad”, y de incluir alguna modificación sea favorable para abrir oportunidades a otras causales como la violación sexual o el incesto.

En sus manos se encuentra una decisión histórica de contribución a la democracia nacional a través de la demostración de independencia y autonomía institucional en un Estado social, democrático y de derechos, sin sometimiento a dogmas religiosos,  cumpliendo con el deber de garantizar el derecho a la vida de las mujeres y el de una vida libre de todas formas de violencia.

Con consideración y alta estima,

Elba Núñez
Coordinadora Regional
CLADEM

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