Jueves, 22 Junio 2017 00:55

Nauseante el chantaje de las iglesias

Que un grupo de hombres se convierta en el lobby más poderoso en contra de que se permita la interrupción del embarazo cuando la madre corre peligro de muerte, cuando una mujer es violada o una niña sufre un incesto, es nauseante.

El momento se tornó políticamente propicio para concretizar esa maldad. Muchos legisladores son reos de sus propios delitos, aún sin orden de captura ni sentencia condenatoria. La corrupción los embriagó y ahora padecen de miedo, y caen en más despropósitos para salir airosos del tollo.

Las iglesias, encabezadas por la jerarquía católica (con mayor poder simbólico que la evangélica), aprovechan la tempestad política para lograr su cometido: que los legisladores aprueben un Código Penal que castigue todo tipo de aborto. Ha sido su meta, su sueño, su delirio.

La obsesión de las religiones con la sexualidad de las mujeres es ancestral, es patológica. Quedan pocos países en el mundo donde se penaliza todo tipo de aborto. Aprobar un nuevo Código Penal en el 2017 que prohíba todo tipo de aborto es privar a las mujeres dominicanas del derecho a la salud física y mental por muchos, muchos años.

Según las leyendas históricas, el profeta Mohamed, fundador y líder del islam, tuvo más de 15 esposas de todas las edades, y a todas las mandó a cubrirse de pie a cabeza como símbolo de pureza. Rey entre las subyugadas. Crecí en una familia profundamente católica y sé del bien que hacen muchos religiosos, pero desde que alcancé la adultez, nunca he podido aceptar la obsesión de las religiones con subordinar las mujeres, limitar sus derechos, tenerlas de segundonas. Así sucede en las tres religiones monoteístas que dominan el mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam.

¿En qué cabeza humana cabe obligar (léase bien, obligar) a una joven que ha sido violada a tener esa criatura?

¿En qué cabeza humana cabe que si una joven violada interrumpe el embarazo la envíen a la cárcel?

¿No basta con el sufrimiento de una violación?

¿Cómo justificar teológicamente que Dios estuvo presente en una violación, y, por tanto, la criatura es obra de Dios?

Enviar el violador a la cárcel no es suficiente. La mujer debe tener derecho a terminar legalmente ese embarazo si así lo decide. Es lo justo, es lo humano.

No sé cuál es el Dios de estos obispos. No sé cuál es el Dios de estos pastores. Solo sé que no es el Dios de la justicia, que no es el Dios de la misericordia.

A los legisladores, muchos bañados en sangre de corrupción, es que los obispos y pastores presionan para que aprueben ya un Código Penal que penalice todo tipo de aborto. Así esos políticos quedarán absueltos para seguir robando como siempre han hecho en este país de pocos derechos y muchas componendas.

Ningún grupo social en la República Dominicana tiene las fuerzas para enfrentarse a las iglesias en defensa de los derechos de las mujeres. Solo los partidos políticos podrían hacerlo, pero, para mantener su poder corrupto, muchos políticos se rinden burdamente ante el chantaje de las iglesias. Ya el Senado mostró su desfachatez.

Trujillo aprobó el Concordato para que la Iglesia Católica no lo criticara. A Juan Bosch ayudaron a tumbarlo. Desde Balaguer hasta el presente, todos los gobiernos han dado a las iglesias inmensos subsidios estatales. Pero ni lo mucho les basta.

¿Aprobará el PLD ahora un Código Penal envenenado para las mujeres a cambio de impunidad?

Quedan pocos países en el mundo donde se penaliza todo tipo de aborto. Aprobar un nuevo Código Penal en el 2017 que prohíba todo tipo de aborto es privar a las mujeres dominicanas del derecho a la salud física y mental por muchos, muchos años.

Eso quieren los jefes de las iglesias, y sus cómplices son muchos políticos corruptos. Artículo publicado en el periódico HOY

 

Autora: Rosario Espinal

Periodico Hoy 201.06.2017

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Decenas de organizaciones y personalidades del mundo social, laboral, médico, académico y de los derechos humanos, que propugnan por la equidad de género y el ejercicio de los principios democráticos, instaron este lunes a los diputados a excluir del Código Penal la pretendida penalización de la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer corra peligro, cuando éste sea el resultado de una violación o incesto y el caso de que el feto tenga malformaciones impatibless con la vida. Agrupadas en la Coalición por la vida de las Mujeres, las organizaciones exhortaron a la Cámara Baja a rectificar el error cometido por el Senado al desestimar las correctas observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al proyecto de Código Penal tras considerar que el Estado tiene la obligación de proteger la dignidad, el derecho a decidir y la vida de las mujeres. ]

Llamar la atención sobre los artículos 38 y 42 del texto constitucional que establecen que “el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que les son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

Las acciones de política sanitaria que de manera urgente reclama la sociedad buscan en primer plano la superación de los altos índices de mortalidad materna. El 13% causado de las muertes maternas se producen por las condiciones de inseguridad en que se realizan abortos clandestinos. Las organizaciones afirman también que es intolerable que el 20% de los partos que se realizan en el país sean de niñas y adolescentes, situación atribuida a la irresponsabilidad estatal en educar y adoptar cuantas medidas sean necesarias para prevenir los embarazos indeseados.

Las organizaciones enviaron una carta a los y las integrantes de la Cámara de Diputados en la que advierten el grave peligro de establecer sanciones penales contra quienes participen en la interrupción para salvarle la vida a una mujer o en cualquiera de las circunstancias especiales ya mencionadas. Recordaron los términos de la carta de observación a los artículos del Código Penal que penalizan la interrupción del embarazo, enviada por el Presidente Medina a la Cámara de Diputados el veintiocho (28) de noviembre del 2014, cuando advertía “lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que debe regir al Estado sería equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de los países del mundo, que permiten la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimiento de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en tres supuestos debidamente fundamentados: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida”.

Entre las organizaciones que firman la carta están el Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA) el Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), la Confederación Nacional del Campo (CONAMUCA), la Federación de Mujeres Campesinas de Villa Altagracia y la Federación de Mujeres campesinas de Bani (FEMUCABA).

También apoyan la carta el Centro de Estudio de Género del INTEC, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), la Colectiva Mujer y Salud, la Articulación Nacional Campesina, Profamilia y la Federación de Mujeres campesinas de Elías Piña – FEMUCAEP-, la Asociación Nacional de Servicios de Enfermerías (ASONAEN), la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, el Colegio Médico Dominicano y la Red de Periodistas con Perspectiva de Género,Centro de Investigación y Apoyo Cultural (CIAC) entre otras entidades.

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Más de 70 organizaciones agrupadas en la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres declararon, mediante un comunicado dado a conocer en una  rueda de prensa, que apoyan la Observación del Presidente al Proyecto de Código Penal realizada en diciembre del 2016 y enviada al Senado de la República Dominicana, en la que indica incluir la despenalización el aborto en las tres eximentes claramente definidas en el texto enviado al Congreso. 

La Observación del presidente Danilo Medina dada a conocer el pasado diciembre contempla la despenalización de la interrupción del embarazo en caso de mala formación genética incompatible con la vida; también si el embarazo es producto de violación o incesto y en caso del aborto terapéutico.

De este último, el terapéutico, explicaron en el comunicado que la Observación “define la prioridad de la vida de las mujeres en caso de que haya que interrumpir un embarazo que ponga su vida en riesgo, no dejándolo a la sola mención del artículo 42 de la Constitución, como se ha pretendido, pues el aborto terapéutico, desde el punto de vista constitucional resuelve la protección de las mujeres como prioridad ante el conflicto entre los derechos fundamentales de la mujer y del feto.”

Las organizaciones consideraron que la despenalización del aborto en la República Dominicana es una normativa cónsona con el Estado de derecho y con la Constitución de la República Dominicana, así como con los convenios internacionales que comprometen al país en la protección de los derechos, la integridad de la vida y la salud de las mujeres dominicanas.

En tal sentido las más de 70 entidades destacaron que en la Observación del Presidente Danilo Medina al Proyecto de Código Penal, que le enviara al Senado de la República en diciembre del 2016, está la decisión de respetar y valorar la integridad de la salud y vida de las mujeres dominicanas, especialmente de las mujeres pobres, que son las que están más expuestas a abortos inseguros y clandestinos

En la rueda de prensa las organizaciones retomaron la explicación de cuatro importantes abogados constitucionalistas y otros tantos juristas reconocidos, que han explicado que el artículo 37 de la Constitución establece sobre el derecho a la vida que, “es inviolable desde la concepción hasta la muerte”, incluyendo la vida de la mujer.

Asimismo recordaron el artículo 38 de la Constitución, el cual dispone sobre la Dignidad Humana: “El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos” 

Y, finalmente, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, la Constitución de la  República Dominicana, en el artículo 74, ordinal 4, indica la obligación del Estado de reglamentar estas situaciones, que es lo que ha solicitado el Presidente Medina, alegaron en el comunicado leído y entregado a la prensa.

Con la penalización absoluta del aborto, se afecta el Estado de Derecho de la República Dominicana, por las violaciones a los artículos antes mencionados que protegen los derechos de las mujeres, y al no cumplir con las normativas internacionales de las que el Estado dominicano es signatario y que tienen carácter constitucional, pues la Constitución dominicana establece en su artículo 74, numeral 1-3 que los tratados internacionales tienen carácter constitucional en la jerarquía de las leyes. También consignado en Resolución 1920-2003, de la Suprema Corte de Justicia, y en el 1969 la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho de los Tratados (Convención de Viena), en el Artículo 27 a otorgarle a los tratados internacionales una jerarquía superior a las normativas internas.

Las entidades manifestaron a los cuerpos legislativos nacionales que, como ya han opinado juristas especialistas, por tratarse de derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitución dominicana los que se ven lesionados en las mujeres que viven situaciones especiales, éstos no están sujetos a consultas populares para su regulación, sean de referendos o plebiscitos.

Finalmente, la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, rechaza cualquier negociación que implique lesionar los derechos fundamentales de las dominicanas, su integridad y su vida, creyendo que, si el mismo primer mandatario fue capaz de entender el alcance constitucional y los principios de derecho, también lo harán los legisladores y legisladoras de nuestro país.

 

No.

Nombre de la institución

Siglas

1

Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA

ASOLSIDA

2

Asociación Lazos de Dignidad

 

3

Asociación Nacional de Enfermería

ASONAEN

4

Asociación ProBienestar de la Familia

PROFAMILIA

5

Asociación Tú, Mujer

Tú Mujer

6

Articulación Nacional Campesina

ANC

7

Católicas por el Derecho a Decidir

CDD-RD

8

Centro de Estudios de Género de INTEC

CEG-INTEC

9

Centro de Investigación para la Acción Femenina

CIPAF

10

Centro de Investigación y Promoción Social

CIPROS

11

Centro Integral para el Desarrollo Local

CIDEL

12

Centro Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer

CE-Mujer

13

Círculo de Periodistas de la Salud

CIPESA

14

Colectiva Mujer y Salud

 

15

Comisión Nacional de Derechos Humanos

CNDH-RD

16

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres

CLADEM

17

Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH

ACW Latina

18

Confederación Nacional de Mujeres del Campo

CONAMUCA

19

Coordinadora de Mujeres del Cibao

 CMC

20

Coordinadora Lésbica y de Hombres Trans

 COLEHT

21

Diversidad Dominicana

DIVERDOM

22

Escuela Multitemática

 

23

Facultad de Artes de la UASD

 

24

Facultad de Ciencias de la Educación de la UASD

FCE-UASD

25

Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD

FCS-UASD

26

Facultad de Ciencias de la UASD

 FC-UASD

27

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD

FCES-UASD

28

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD

FCJP-UASD

29

Facultad de Humanidades de la UASD

FH-UASD

30

Federación de Mujeres Campesinas de Bani

FEMUCABA

31

Federación de Mujeres Campesinas de Cambita

FEMUCAC

32

Federación de Mujeres Campesinas de Elías Piña

FEMUCAS

33

Federación de Mujeres Campesinas de Moca

FEMUCAMO

34

Federación de Mujeres Campesinas de Monte Plata

FEMUCAMP

35

Federación de Mujeres Campesinas de Sabana Larga

FEMUCAS

36

Federación de Mujeres Campesinas de San Cristóbal

FEMUCAS

37

Federación de Mujeres Campesinas de Yaguate

FEMUCAY

38

Federación de Mujeres Campesinas del Cercado

FEMUCAC

39

Federación de Mujeres Campesinas Del Llano

FEMUCALLA

40

Federación Latinoamericana de Asociaciones de Ginecología y Obstetricia. Asociada a la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología (FIGO)

FLASOG

41

Foro Feminista Magaly Pineda

FFMP

42

Frente Estudiantil Flavio Suero

FEFLAS

43

Fundación Comunidad, Esperanza y Justicia Internacional

FUNCEJI

44

Fundación Mujeres empoderada Abriendo Caminos

FMEAC

45

Fundación Pro-Bono RD

 

46

Fundación Solidaridad

 

47

Gente Activa y Participativa

 GAYP

48

Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia UASD

IGEF-UASD

49

Instituto de Salud

INSALUD

50

Instituto Dominicano de Apoyo a la Juventud

INDAJOVEN

51

Instituto Dominicano para el Estudio de la Salud Integral y la Psicología Aplicada (IDESIP)

 

52

Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas

MUDHA

53

Movimiento Feminista Hermanas Mirabal

MFHM

54

Movimiento Reconoci.do

 

55

Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos, Inc

MOSCTHA

56

Mujeres en Desarrollo

MUDE

57

Núcleo de Apoyo a la Mujer

NAM

58

Observatorio de Derechos Humanos de Grupos Vulnerabilizados

 

59

Observatorio Dominicano de Políticas Públicas

ODPP

60

Organización para el Desarrollo de la Mujer Dominicana

ODEMUD

61

Oxfam en República Dominicana

 

62

Participación Ciudadana

 

63

Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas

PACAM

64

Promoción de la Mujer del Sur

PROMUS

65

Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe

 

66

Red Voluntarios de de ASA

REVASA

67

Repúblika Libre

Repúblika Libre

68

Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología

SDOG

69

TRANSSA-TRANS siempre Amigas

 

70

Unidad Sindical de Mujeres Activas

 (UNISIMAS/CNUS).

71

Unión Democrática de Mujeres

UDEMU

72

Women´s Link

 

 

 

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Viernes, 16 Diciembre 2016 20:05

Congreso pisotea los derechos de las mujeres

Ciudadanía exige al Presidente Danilo Medina observar el Codigo Penal y despenalizar el aborto en las tres causales

Santo Domingo, 16 de diciembre de 2016.- El pasado miércoles 14 de diciembre el Senado de la República conoció y aprobó nuevamente de urgencia el proyecto de Código Penal, manteniendo la criminalización del aborto producto de una violación sexual o incesto y por mal formación incompatible con la vida, excluyendo así la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo en el año 2014.

“Como ciudadanos y ciudadanas rechazamos tajantemente esta nueva afrenta a los derechos de las mujeres y niñas, no obstante el consenso logrado en 2014 por todos los sectores sociales, incluyendo la comunidad médica y científica,” declararon en rueda de prensa donde participaron representantes de organizaciones nacionales e internacionales y ciudadanía organizada.

Las organizaciones advirtieron que continuar con la criminalización en las circunstancias descritas representa una violación flagrante de los derechos humanos de las mujeres y las niñas al obligárseles a llevar a término un embarazo que atenta contra su propia vida, su dignidad, o su integridad psíquica y moral.

Explicaron  que en tales circunstancias, se les niega su derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, a la igualdad, y a no ser sometidas a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, todos estos derechos consignados en nuestra Carta Magna y en tratados internacionales que hemos ratificado y asumido.

“La interrupción del embarazo, al menos en estas situaciones, es un asunto claro de salud pública, de reducción de muertes maternas, siendo irresponsable e innecesariamente postergado en perjuicio de cientos de mujeres y niñas que, como Rosaura Almonte –Esperancita-, pierden sus vidas por no recibir la atención medica requerida para salvarse ante emergencias obstétricas” afirmaron.

La Republica Dominicana exhibe vergonzosamente una de las más altas tasas de mortalidad materna, asociada, en importante medida, a abortos clandestinos realizados en condiciones inseguras (tercera causa de muerte materna) afectando de forma especial a aquellas de escasos recursos y provenientes de sectores vulnerables.

La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres exige al Gobierno Dominicano el cumplimiento de los acuerdos internacionales y nacionales firmados con el propósito de erradicar la violencia en contra de las mujeres, especialmente la ejercida de manera institucional y estructural al penalizar el aborto producto de una violación sexual o incesto o por mal formación incompatible con la vida.

“Exigimos al Sr. Presidente de la República asumir su compromiso con los derechos a la vida y a la salud de todas, y que observe el Código Penal  aprobado que continúa impunemente facilitando feminicidios desde el  Estado”, declararon en el encuentro con la prensa.

Entre las siguientes acciones de la Coalición están: una caminata este domingo 18 de Diciembre a las 9:00 am que saldrá desde el Parque Colón hasta el Parque Independencia, a la que invitan a la población a unirse y una visita de una comitiva de que en las próximas horas hará entrega de la presente declaración al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y al Ministro de la Presidencia, para su trámite inmediato al Presidente de la República.

La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres está compuesta por organizaciones que vindican por diferentes causas tales como la garantía de la salud, la ley, los derechos de las mujeres, derechos de trabajadores y trabajadoras así como los de la población campesina entre otras.

 

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SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Las organizaciones que integran la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres solicitaron este lunes al Congreso Nacional que acoja la observación del presidente Danilo Medina sobre los artículos referentes a la penalización del aborto contenidos en el Código Penal recientemente aprobado por los legisladores.

En este sentido, las organizaciones se manifestaron en contra de la plena penalización del aborto y defendieron que se establezcan excepciones cuando peligra la vida de la madre, cuando la mujer ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión o feto presenta malformaciones incompatibles con la vida.

"La penalización absoluta del aborto es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, un problema de salud pública, de justicia social y de democracia", expresaron representantes de las entidades.

Asimismo, opinaron que la penalización absoluta del aborto no puede ser la respuesta del Estado a un problema cuyas raíces no están en la falta de castigo, sino en la ausencia de prevención y atención.

"El Estado no garantiza a las mujeres pobres, en particular, su derecho a educación sexual, a información oportuna y científica, a servicios de salud integrales, incluido el acceso a métodos anticonceptivos adecuados y gratuitos", dijeron las entidades sociales.

Consideraron que la penalización del aborto sin excepciones promueve e institucionaliza la injusticia social.

Las agrupaciones de mujeres, gremios del área de la salud, organizaciones políticas, sociales y académicas explicaron que lo más justo sería equiparar la legislación dominicana a la de la mayoría de países del mundo, donde se permite la interrupción del embarazo en tres casos excepcionales.

Pidieron a los legisladores que acojan la observación del presidente en el "más breve plazo".

Además, recordaron que pese a las limitaciones para estimar los casos de abortos que se realizan en el país, "datos oficiales citan que las complicaciones por aborto es la cuarta causa de mortalidad materna".

También indicaron que el 19 por ciento del total de embarazos registrados por el Ministerio de Salud termina en abortos.

"La criminalización del aborto sin excepciones, en lugar de contribuir con este objetivo, resta efectividad a los esfuerzos por reducir la alarmante tasa de mortalidad materna que presenta el país", sostuvieron.

Las organizaciones expusieron que los representantes de la sociedad dominicana en el Congreso Nacional están llamados a atender la opinión de sus representados, que "en su mayoría (61.2%) se muestran a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la mujer, según el informe Barómetro de las Américas de 2012". EFE

 

PERIODICO: 7 Días
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La aprobación por parte del Congreso Nacional del Código Penal y su posterior observación y devolución al Congreso por parte del presidente Danilo Medina, ha reavivado en el país el debate sobre la despenalización del aborto en casos excepcionales: cuando la vida de la mujer embarazada está en riesgo; cuando el embarazo es consecuencia de una violación o incesto; o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.

A los argumentos jurídicos y datos que acompañan esta discusión pública, me gustaría añadir una historia real y reciente, la del caso Esperancita. Porque traer los debates a lo concreto, al suelo que pisamos y a las realidades que vivimos siempre ayuda a ampliar nuestra mirada.

El 2 de julio de 2012 la señora Rosa Hernández, madre de Rosaura Almonte (conocida en los medios como Esperancita), joven de 16 años, acudió a un hospital de la ciudad capital. El mismo día de su ingreso fue diagnosticada con Leucemia Aguda, un tipo de cáncer de la sangre que requiere de la administración inmediata de quimioterapia. Sin embargo, esta adolescente no recibió tratamiento oportuno, junto a la leucemia se detectó un embarazo de siete semanas, inviable dada su condición de salud. Dado que la administración de quimioterapia requiere previamente de la interrupción del embarazo, los médicos tratantes se negaron a administrar tratamiento aduciendo que la legislación dominicana penaliza el aborto sin excepciones. Gracias a la fuerte presión mediática y a la indignación pública que suscitó este caso, Esperancita recibió quimioterapia veinticuatro días después de su ingreso, cuando su cuerpo ya se encontraba destrozado por la enfermedad y el embarazo. Su madre, a pesar de todos sus esfuerzos sólo pudo contemplar el deterioro progresivo de su única hija a la que no se ofreció la oportunidad que merecía de luchar contra la enfermedad.

La quimioterapia llegó tarde, el cáncer de sangre no es una enfermedad que espera a que los debates morales, religiosos y legales en torno al aborto se resuelvan. Rosaura falleció en la unidad de cuidados intensivos el 17 de agosto de 2012. Causa de la muerte: aborto completo, hemorragia masiva, leucemia aguda.

Este caso tan doloroso es un aviso de aquello que no debemos olvidar y que tan bien ha aclarado la Corte Interamericana (hoy bajo amenaza), “el objeto de protección del derecho a la vida es la mujer y la defensa del no nacido se realiza a través de la protección de la mujer” (caso Artavia Murillo Vs. Costa Rica). Recordando también las palabras de la Corte Constitucional Colombiana (sentencia C355/06), “la penalización del aborto en todas las circunstancias implica el sacrificio absoluto de los derechos fundamentales de la mujer embarazada así como el desconocimiento de su dignidad humana al reducirla a un mero receptáculo de la vida en gestación”.

El triste saldo de esta historia es que una joven de 16 años perdió la vida y una madre perdió a su única hija por razones que podríamos, como sociedad, haber evitado. Su caso ha pasado a ser emblemático y como tal constituye una advertencia del precio que pagamos, de las vidas que sacrificamos cuando decidimos ignorar la dignidad humana de las mujeres. Actualmente el caso se encuentra en manos de los tribunales y confiamos en que estos cumplan con su responsabilidad de hacer justicia y garantizar su no repetición. Pero con independencia de eso y en medio de este debate que parece que nunca termina, es nuestra obligación traerlo a la memoria. Porque no se trata de un caso aislado, es lo que le ocurre a las mujeres y niñas dominicanas día a día en hospitales públicos y clínicas privadas cuando su vida y salud se encuentran en riesgo por motivos de un embarazo. Es también el riesgo potencial que corremos las mujeres que aún no estamos embarazadas, nuestras hijas, hermanas, amigas, primas. Es el sufrimiento de los padres, maridos, hermanos, tíos que las pierden. Es el sufrimiento de familias completas. Y la pérdida de las sociedades en capital humano.

Precisamente por esto, la despenalización del aborto terapéutico es la lucha de toda la ciudadanía, hombres y mujeres, por un país más justo, por un país más humano.

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De nuestra consideración:

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM), es una organización regional feminista que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, agrupa a personas y organizaciones no gubernamentales en 15 países de la región, con estatus consultivo para el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la OEA y la UNESCO.

Hemos recibido con gran preocupación la información de que a raíz del conocimiento de la segunda lectura del Código Penal en el Senado, la alta jerarquía de la iglesia católica ha propuesto la eliminación del Feminicidio como figura legal y la causal del “estado de necesidad” como excepción a la penalización del aborto, aprobados el pasado año por la Cámara de Diputados.

Deseamos recordar a la ilustre Cámara, que la República Dominicana ha reflejado la tasa más altas de feminicidios cometidos por parejas en la región (1.7), en comparación con nueve países de Latinoamérica. La tipificación de esta figura legal parte del reconocimiento a las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, y a la violencia que reciben las mujeres por su condición de género, cuya expresión extrema conlleva a la muerte. La sanción legal contribuiría para contar con medidas de prevención y correspondiente sanción; así como también el diseño de políticas públicas, indicadores estadísticos  y presupuestos adecuados . Estas razones han llevado a otros países de la región a incluirlo dentro de sus legislaciones: Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú.

La penalización absoluta del aborto, también se convierte en otra expresión de violencia hacia las mujeres cuando desde el Estado no se toman las medidas legales necesarias y obligatorias para impedir la muerte.  República Dominicana se encuentra dentro de los países con las tasas más altas de mortalidad materna de la región (150/100,000, en cuarto lugar precedido por Bolivia, Guyana y Haití), cuyo promedio es de 91/100,000. En múltiples estudios se ha comprobado el vínculo entre la penalización absoluta y esta alta tasa, por lo que las extremas restricciones legales no contribuyan a su eliminación o disminución.

A raíz de la presentación de los informes sexto y séptimo al Comité Para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, el pasado año, el país recibió importantes reconocimiento por haber aprobado el “estado de necesidad” como una excepción a la penalización del aborto, y por haber tipificado el Feminicidio como figura legal en el marco de la aprobación del Código Penal en la Cámara de Diputados.  Expresamente en el año  2014 el Comité de la CEDAW ha recomendado al Estado dominicano que  “…Se asegure de que el proyecto de enmienda del Código Penal, que despenaliza el aborto en caso de que la vida de la madre se vea amenazada, se aprobará con prontitud y se ampliará para cubrir otras circunstancias, como la violación, el incesto y la malformación grave del feto, de acuerdo con la recomendación general núm. 24 del Comité".

Recordamos a las y los honorables integrantes del Senado que el Consenso de Montevideo reafirma la laicidad del Estado como fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las personas.

Exhortamos a los/as honorables senadores/as, emular la decisión tomada por sus colegas de la Cámara de Diputados/as de tipificar el feminicidio y acoger la excepción al aborto como “estado de necesidad”, y de incluir alguna modificación sea favorable para abrir oportunidades a otras causales como la violación sexual o el incesto.

En sus manos se encuentra una decisión histórica de contribución a la democracia nacional a través de la demostración de independencia y autonomía institucional en un Estado social, democrático y de derechos, sin sometimiento a dogmas religiosos,  cumpliendo con el deber de garantizar el derecho a la vida de las mujeres y el de una vida libre de todas formas de violencia.

Con consideración y alta estima,

Elba Núñez
Coordinadora Regional
CLADEM

Published in No más violencia
Viernes, 23 Noviembre 2012 19:11

Ironías del 25 de noviembre

Las acciones del Estado en torno a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y las niñas deben mostrar coherencia lógica entre las políticas y programas hasta ahora desarrollados y la propuesta de Nuevo Código Penal que reposa en la Cámara de Diputados y Diputadas.

La aprobación de la Ley 24-97, como componente jurídico de la política pública hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, sentó las bases para el abordaje desde el sistema público. A partir de ésta, se dispuso el diseño de normas y modelos de atención, se crearon infraestructuras específicas, sobre todo en el ámbito judicial y del Ministerio Público. Además, especialización y capacitación de recursos humanos, a la par de un discurso de preocupación unido a la realización de campañas de difusión y prevención, entre otras intervenciones, que a pesar de las críticas que reciben, entre ellas la falta de recursos y la repercusión de sistema político partidista, la diferencia con lo que existía antes de la aprobación de la ley es abismal.

Los actos conmemorativos del Día Internacional contra la Violencia hacía las mujeres, una vez más como cada año, nos presentan marchas organizadas por personas prestadoras de servicios del sector oficial, declaraciones en medios de comunicación en las cuales se informa sobre la actualización del número de denuncias y feminicidios, o su posible participación en otros eventos en torno a los quince días de activismo. Ante la coyuntura actual, cabe la pregunta ¿Cómo vincularles con la propuesta de Código Penal que está siendo conocida en la Cámara de Diputados y Diputadas?

Published in OPINION
Viernes, 23 Noviembre 2012 18:50

Feministas y Código Penal

En 1999 la Comisión Redactora, compuesta por cinco hombres y una mujer, abogados y abogada que no tenían trayectoria de trabajo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, terminó y presentó el anteproyecto de Código Penal dominicano, que había estado trabajando por decreto presidencial.

Desde entonces, la Coalición de ONG por un Código Penal Moderno y Consensuado, compuesta por feministas y mujeres organizadas e independientes, iniciaron un periplo que se extiende hasta la fecha, hoy con el nombre de Foro Feminista y cuenta con las mismas abogadas técnicas de entonces, ahora más especializadas y otras jóvenes expertas incorporadas en el proceso.

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El Código Penal a ser aprobado en la Cámara de Diputados(as) debe responder a la Constitución de la República y a los convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. Caso contrario, el Estado se expondría a denuncias y condenas internacionales.

La Carta Magna condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas y compromete al Estado a garantizar mediante leyes las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La norma constitucional reconoce las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, el trato desigual que reciben estas y que se ha traducido en violaciones a derechos humanos en el ámbito público y privado, desde la cotidianidad.

La derogación a la disposición del Código Penal vigente que contempla la violencia contra la mujer como una figura legal, conllevaría a la eliminación de garantías legales para las víctimas, que puedan conducir a efectivas sanciones: La mujer golpeada por su vecino podrá interponer denuncia en base a golpes y heridas, como lo puede hacer quien recibió un golpe o una herida en el colmadón o en la barra, la diferencia está en que la primera por su condición de mujer es vista y percibida por el vecino como un ser inferior a quien la sociedad de manera directa o indirecta le da permiso de controlar. De ahí la importancia de sancionar ese trato denigratorio diferenciado por los roles de género.

Las agravantes de las sanciones a la violencia doméstica o intrafamiliar solo se considerarían si la mujer muere, le queda como consecuencia una lesión permanente o si la incapacidad provocada es superada después de los noventa días. La disposición no deja parámetros para evaluar la violencia sicológica o emocional, por lo que desde la ley se organiza la impunidad.

Elaborto está sancionado en toda circunstancia, eliminando la posibilidad de que sea practicado en caso de violación sexual, incesto, o cuando la vida o la salud de la mujer corre peligro. Una prohibición que nos viene como herencia jurídica colonial de la Francia del siglo XVIII, impide que en el país el Ministerio de Salud pueda diseñar normas y protocolos para situaciones de emergencia que permitan salvar la vida de una mujer embaraza que se vea, por ejemplo, envuelta en un accidente automovilístico. Tal ausencia pone en condiciones de vulnerabilidad a las mujeres al dejar a la libre determinación de profesionales de la medicina la intervención, violando con ello también el derecho a la vida de las mujeres como un derecho humano establecido en la Constitución y convenios internacionales de derechos humanos.

Como ratificador de la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Estado se comprometió a tomar medidas a nivel nacional para respetarla. El Comité que da seguimiento a su implementación ha sugerido al Estado mantener la tipificación de la violencia contra la mujer, no disminuir las penas en los casos de violencia doméstica o intrafamiliar, ofrecer servicios de aborto en el sector salud a las víctimas de violencia sexual o incesto, y en aquellos casos en que la vida o la salud de la mujer están en riesgo. El próximo año el Estado presentará VI y VII informe ante este Comité, el cual revisará el cumplimiento de las sugerencias hechas y la situación actual de los derechos de las mujeres.

De igual modo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el pasado mes de marzo recomendó al Estado revisar la legislación penal y prever excepciones a la penalización por razones terapéuticas o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación sexual o incesto.

Las leyes, como elemento primordial de la formulación de la política, deben enviar un fuerte mensaje de respeto a la igualdad, y repudio a la injusticia, de lo contrario las políticas y programas al respecto se quedarán en intenciones y discursos. Mientras, las mujeres y niñas dominicanas continuarán en sus casas y en espacios públicos a merced de una sociedad permisiva a la violencia machista.

La Cámara de Diputados(as) tiene la responsabilidad de aprobar un Código Penal en apego a la Constitución de la República y los pactos internacionales de de derechos humanos ratificados por el Estado, que garanticen el disfrute de los derechos humanos de las mujeres en un orden social democrático. De no aprobar un documento coherente a estos últimos, será fuertemente cuestionado, corriendo el riesgo de ser sancionado ante eventuales denuncias.

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