Sunday, 20 October 2013 00:00

Declaración del Foro de Organizaciones Feministas a la plenaria de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y El Caribe de la CEPAL

Señora Alejandrina Germán, Ministra de la Mujer República Dominicana
Señora Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva de la CEPAL
Señora Sonia Montaño Directora de la División de Género de CEPAL
Representantes de los Estados miembros de la Conferencia
Representantes de las agencias del sistema de las Naciones Unidas
Representantes de la Sociedad Civil

Señoras y señores participantes de la XII Conferencia Regional de la Mujer:

Somos indígenas, afrodescendientes, campesinas, mestizas, discapacitadas, lesbianas, heterosexuales, bisexuales, transexuales, trabajadoras sexuales, mujeres viviendo con VIH, jóvenes y viejas. Mujeres y feministas que desde hace más de tres décadas construimos una democracia con justicia social y de género en la región más desigual del planeta. Estamos aquí porque nos convoca el mismo ideal: hacer efectivamente universales los derechos de todas las personas.

Como feministas y actoras desde la sociedad civil, articulamos nuestras voces y esfuerzos en el activismo para promover y garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, así como por la paz y una vida libre de violencia, buscando alternativas económicas y sociales que garanticen la justicia social.

Las feministas de forma permanente hemos movilizado estrategias con la ciudadanía para generar procesos de cambio, individuales y colectivos, a favor de la autonomía y los derechos humanos, por eso mismo denunciamos y rechazamos el hostigamiento, la criminalización y judicialización de la protesta de los movimientos sociales por constituir una violación a los Derechos Humanos.

La Plataforma de Acción de Beijing ya incluía las nuevas tecnologías como un espacio donde se debatirían los temas, los imaginarios y la información global, y como una herramienta para la construcción de la igualdad.

20 años más tarde es evidente que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han trasformado la esfera económica, política, cultural, los modos de producción, los vínculos interpersonales, la educación, la gestión de las políticas y servicios públicos, sin embargo, ese espectacular desarrollo no ha beneficiado de la misma manera a todos los grupos sociales.
Persisten brechas digitales que repercuten en el cumplimiento de los derechos de las mujeres, limitando su plena participación en la economía digital y afectando su autonomía. Esta situación demanda la toma de decisiones urgentes y la asunción de compromisos concretos por parte de los organismos internacionales, regionales y los gobiernos.

Sabemos que la hora de la igualdad -convocada por la CEPAL en 2011- es urgente e imprescindible para combatir las desigualdades estructurales basadas en patrones colonialistas, patriarcales, heteronormativos y racistas, porque todavía las indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales y migrantes, enfrentan dificultades a veces insalvables, sin políticas públicas que protejan y garanticen sus derechos y sancionen los abusos, el racismo y la xenofobia.

Los derechos civiles y políticos y la ampliación de la democracia, no han superado la mera intención de incluir a las mujeres como actoras políticas, por el carácter androcéntrico de las instituciones que ha condenado este logro de Beijing 95 a una quimera, generando una persistente subrepresentación en los ámbitos de poder.

Ante la pobreza en nuestro continente, las mujeres siguen siendo las más vulneradas, por ello los temas comprometidos por los gobiernos de América latina en 1995 en Beijing, así como en El Cairo, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y en una larga lista de declaraciones y acuerdos internacionales y regionales, deben tener vigencia y compromiso sostenido, porque construir la igualdad y la calidad de vida para las mujeres es condición indispensable para garantizar el acceso -con igualdad de oportunidades- en la sociedad del conocimiento y la información.

Mientras no erradiquemos la desigualdad, un grupo reducido de personas seguirán concentrando, desde los privilegios más ominosos hasta los recursos más elementales, y en ese contexto, ni el acceso a internet, ni a las redes sociales, ni a las nuevas tecnologías estarán garantizadas, porque no se garantizan incluso las provisiones y derechos más básicos para la calidad de vida de las personas y, menos aún, entornos habilitadores para enfrentar los desafíos del paradigma tecnológico y de la economía digital.

Es necesario reconocer que el derecho a la educación comienza en el nacimiento y sigue a lo largo de toda la vida, de tal manera que la educación debe ser de calidad, laica y gratuita, estar disponible y ser accesible de forma igualitaria, ya sea en zonas urbanas o rurales. En este sentido, afirmamamos y reivendicamos la educación y la alfabetización de personas adultas como parte indisociable del derecho a la educación.

Tenemos un reto importante, hemos avanzado escasamente, en transformar los paradigmas educativos para que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, que combatan el racismo y toda forma de discriminación.
Asimismo es prioritario estimular el interés y promover la elección y permanencia de las niñas y adolescentes en los campos científico, tecnológico y de la innovación, para la formación de las nuevas generaciones, como participantes, creadores de aplicaciones y contenidos y como ciudadanas conscientes de sus derechos en los ámbitos digitales.

En lo relativo a pueblos indígenas y afrodescendientes se debe promover la educación intercultural basada en la revitalización de los idiomas originarios, identidades, culturas, cosmovisiones y rescate de la memoria histórica, usando con pertinencia las TIC, como herramientas que permitan el acceso a sistemas pedagógicos virtuales en las instituciones educativas en territorios indígenas y fuera de ellas.

Con el objetivo de promover y garantizar la apropacion de las TIC como una herramienta para la igualdad y la justicia desde el Foro de Organizaciones Feministas

DEMANDAMOS A LOS ESTADOS:

1. Ratificar, reafirmar e intensificar el trabajo para hacer realidad el Consenso de Brasilia y su plena vigencia, además de los consensos regionales adoptados en las anteriores conferencias sobre la mujer de América Latina y el Caribe, lo mismo que el Consenso de Población y Desarrollo de Montevideo. El compromiso con la igualdad debe fortalecerse en la discusión de los nuevos objetivos globales de desarrollo post 2015.

2. Reafirmar y desarrollar políticas y planes de acción para hacer realidad los compromisos y metas de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y del Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información (eLAC 2015) fortaleciendo el Grupo de Trabajo de Género con la participación activa de las organizaciones de mujeres.

3. Destinar recursos políticos, financieros e institucionales para la igualdad y la justicia de género. Es imprescindible que los Estados asignen presupuestos suficientes y sostenidos para que los mecanismos institucionales de adelanto de las mujeres puedan cumplir con su función rectora en políticas de igualdad de género en todos y cada uno de los sectores del Estado.

4. Asegurar los presupuestos públicos suficientes destinados a la igualdad de género y al diálogo intercultural y movilizar recursos públicos, de la cooperación sur-sur y de las inversiones de las empresas y bancos públicos de la región para contribuir a la sustentabilidad financiera de organizaciones de mujeres y feministas, en pro de la autonomía, igualdad y la participación de las mujeres.
5. Asegurar la producción de datos que permita tener una sólida base para la adopción y evaluación de politicas de género. Fortalecer el observatorio de género de la CEPAL y observatorios / mecanismos de la sociedad civil como el ISOQUITO, incorporando la evaluación de los avances de las mujeres en todas las dimensiones de la Sociedad de la Información.

6. Garantizar la comunicación en territorios indígenas y de afrodescendientes, en consulta con los pueblos, eliminando las brechas existentes y priorizando a las mujeres, jóvenes y niñas de ámbitos rurales que menos acceden a los mismos.

7. Garantizar el derecho a una educación,no sexista y de calidad que promueva la apropiación estratégica de las TIC, promoviendo puntos de acceso públicos y una infraestructura de la información y comunicación que garanticen conectividad de calidad, asequible y con acceso universal.

8. Incentivar el uso, promoción y reglamentación de tecnologías apropiadas y el software libre como medio para la democratización del conocimiento, el acceso libre y la autonomía, al margen de las grandes empresas transnacioneales que dominan, monopolizan y condicionan el mercado.
9. Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación a nivel nacional e internacional, con la participación de organizaciones feministas, en particular sobre la nanotecnología, biotecnología y geotecnología.

10. Garantizar procesos respetuosos del medio ambiente en la producción, el consumo y los desechos tecnológicos.

11. Garantizar que las nuevas tecnologías sean herramientas para facilitar el acceso a la información y la rendición de cuentas, a través de leyes de transparencia y del uso y promoción de datos abiertos. Combatir el control de la información y el espionaje electrónico para que de ninguna manera se utilicen para criminalizar a defensoras de derechos humanos y movimientos sociales.

12. Formular normativas nacionales orientadas a eliminar contenidos sexistas y discriminatorios en medios de comunicación. Generar directrices para que los medios desarrollen contenidos que incluyan perspectivas de género, edad, raza, etnia, pueblos indígenas y orientación sexual; garantizando el cumplimiento de las legislaciones existentes que obligan a los medios públicos y privados a incluir en su programación contenidos que difundan los valores culturales, lingüísticos, así como las realidades socioculturales y políticas de los pueblos y culturas originarias.

13. Promulgar, implementar y monitorear leyes y políticas nacionales y regionales que combatan la violencia contra las mujeres y las niñas en los medios y en las TIC, considerando la naturaleza y los riesgos específicos en estos espacios y la mayor vulnerabilidad de las mujeres en toda su diversidad.

14. Incorporar las innovaciones de las agendas digitales construidas desde las organizaciones sociales para promover respuestas transformadoras y catalizar el cambio social, eliminando los estereotipos de género, la desigualdad y todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.

15. Garantizar que los compromisos asumidos por los gobiernos de nuestra región en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información sean efectivamente implementados en la creación de un entorno habilitador sin el cual no se puede desarrollar una economía digital dinámica que incluya plenamente a las mujeres, destacamos: el respeto a la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, y la concreción de un marco legal de protección de los datos personales.

16. Reafirmar el carácter laico de los Estados es fundamental para eliminar la discriminación contra las mujeres y garantizar el ejercicio pleno de sus Derechos Humanos, incluidos el de la comunicación, el conocimiento y el acceso a la información.

Para finalizar, manifestamos nuestro absoluto rechazo a la "Sentencia del Odio", a través de la cual el Tribunal Constitucional pretende legalizar y legitimar la arbitraria política de desnacionalización colectiva que afectaría a miles de dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana, lo cual es un completo contrasentido, en el marco de la obligación que tiene el Estado de proteger a la niñez de todas las formas de discriminación y de garantizar el reconocimiento de su personalidad jurídica.

¡Igualdad en la Sociedad de la información!
¡Sociedad de la información para la igualdad!

¡No queremos nuevas tecnologías para viejas jerarquías!

Santo Domingo, República Dominicana, 13 de Octubre de 2013

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